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Desde Provincia piden “cumplimiento efectivo” de las penas por homicidio

enero 26th, 2017 | by FM RIO
Desde Provincia piden “cumplimiento efectivo” de las penas por homicidio
JUSTICIA
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El ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, pidió hoy que sean de “cumplimiento efectivo las penas en los casos de homicidios” e insistió en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal, al reflexionar sobre la libertad de la que gozan quienes asesinaron al reportero gráfico José Luis Cabezas.
Las palabras del funcionario, formuladas a Radio Mitre, se enmarcan además en el proyecto que enviará la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura bonaerense con el fin de reducir las instancias de apelaciones en las causas judiciales.
Sobre el caso José Luis Cabezas -de cuyo asesinato se cumplieron ayer 20 años- Ferrari analizó que la libertad de los asesinos está vinculada a “una serie de intervenciones posteriores a las sentencias que bajaron las penas, y les permitieron un régimen asistido”.
“Luego, esto lo repitió la Corte, y hoy todos están en libertad, por lo cual creo que da para un debate de fondo establecer que en los casos de homicidios, las penas debieran ser de cumplimiento efectivo”, aseveró.
“No digo para otros delitos, pero en el caso de un homicidio hay que tener en cuenta que el fallecido está condenado eternamente, y su familia tiene esa misma condena eterna”, opinó el funcionario.
En cuanto al caso del joven que alcoholizado mató a una docente en Vicente López y quedó en libertad, Ferrari dijo: “Lo cierto es que esos son hechos que salen a la luz, pero tenemos episodios de ese tipo todos los días. Por eso, desde octubre del año pasado estamos impulsando con la gobernadora un proyecto para limitar la cantidad de apelaciones que pueda haber en las causas judiciales”.
“Percibimos que en la provincia puede haber hasta cinco apelaciones con la persona que cometió el delito en libertad y, si a eso le sumamos la desnaturalización que se ha hecho de los habeas corpus, resulta que existen hasta ocho instancias de apelación antes de que una persona termine presa”, sostuvo el funcionario bonaerense.
En este sentido, indicó que esto se trata del “corazón de la cuestión” por lo cual el proyecto que enviará el Ejecutivo encabezado por María Eugenia Vidal a la Legislatura buscará “limitar esto a dos instancias de apelaciones, que por otra parte es lo que establecen los tratados internacionales”.
“También tengo instrucciones directas de la gobernadora respecto de la necesidad de reformar el Código Procesal Penal, que ha tenido hasta 100 modificaciones, con lo cual se convirtió en una extraña mezcla donde influían la orientación de cada político que pasó por el Estado”, consignó Ferrari, quien destacó la necesidad de que las modificaciones permitan “enfocar en la víctima”.
La iniciativa de Vidal propondrá la modificación del artículo 164 del Código Procesal Penal, al establecer que la prisión preventiva o su cese sólo pueden ser impugnables mediante recurso de apelación y que “contra la decisión que impusiera la prisión preventiva o denegare su cese, solamente procederá la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara de Apelación y Garantías, sin efecto suspensivo”.
Además, la iniciativa contempla modificaciones al recurso de Casación, que tiene ese mismo objetivo de racionalizar y ordenar el sistema recursivo.
Con ello, también se reduce la competencia del Tribunal de Casación Penal, limitando su intervención a la revisión de las sentencias definitivas, la que se llevará a cabo a través del recurso de casación, pero manteniendo su intervención como garantía para las víctimas cuando la cámara resuelve sobreseer por extinción de la acción y de la pena.
Por otro lado, se establece una modificación al régimen de resolución de los conflictos de jurisdicción y competencia, los cuales, cuando se trate de conflictos entre órganos de distintos departamentos judiciales, serán resueltos por la Cámara de Garantías correspondiente al departamento judicial que previno en la causa, en un sistema similar al estatuido en el Código Procesal Penal de la Nación.

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