El vocero presidencial Manuel Adorni, salió al cruce este viernes de las versiones periodísticas que indicaban que el gobierno de Javier Milei estaba trabajando en un plan para avanzar en la fiscalización de La Salada a pedido de los Estados Unidos.
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni se refirió al «presunto plan de fiscalización» y advirtió que «esto es absolutamente falso y no condice con la realidad ni está dentro de la agenda».
Las versiones periodísticas que circularon ayer indicaban que el gobierno de Milei había acusado recibo de las observaciones de un informe de los Estados Unidos sobre desafíos en la defensa de la propiedad intelectual, en particular respecto a la piratería. Tras ello, indicaban estas versiones, la gestión libertaria se había comprometido con Washington a fiscalizar La Salada y las ventas por internet.
El último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos incluye aspectos sobre la feria de La Salada como mercado de productos falsificados y piratería tanto en Lomas de Zamora como en el Once y a lo largo de todo el país.
El documento también hace referencia al comercio irregular online de mercadería falsificada, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en Internet, y se queja de la «casi inexistente» legislación penal que sancione esa práctica.
Frente a ello, la Cancillería habría reaccionado ante el llamado de atención estadounidense, que se repite todos los años, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, se habría comprometido a dar inicio a un plan de fiscalización a partir de junio próximo.
«Está el tema de La Salada, de la venta por Internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley», aseguró Cima.
La lista negra de Estados Unidos
En la lista negra de mercados informales difundida por los Estados Unidos aparecen también Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela, entre muchos otros países.
El gobierno norteamericano lleva más de una década incluyendo sistemáticamente en su lista al complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como «uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica» de comercio irregular.
Pero incorporó ahora a la lista la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet, que adjudica a la «casi inexistente» legislación penal que sancione esa práctica.