Los gobernadores de las 23 provincias, reunidas en la Asamblea del Consejo Federal de Inversiones, firmaron este martes un documento en el que le volvieron a reclamar al Gobierno encabezado por Javier Milei la transferencia de fondos del Estado nacional dedicados a la obra pública, el transporte y la educación, entre otras áreas.
El CFI es un organismo federal de innovación y planificación de inversiones que maneja una caja de unos $ 100.000 millones. Hasta la fecha San Luis y la Ciudad de Buenos Aires eran los dos distritos nacionales excluidos de ese reparto, pero ahora el territorio puntano está de nuevo en la mesa.
VOLVIMOS AL CFI 🕰️
El martes 10 de septiembre, los 22 gobernadores de Argentina aprobaron por unanimidad nuestro reingreso al Consejo Federal de Inversiones 🤝
Esto significa más oportunidades para nuestra provincia, un gran paso para el desarrollo de San Luis! 💪 pic.twitter.com/Le0RSHrzH4— Gobierno de San Luis (@sanluisgob) September 10, 2024
Tras aprobar por unanimidad la continuidad de Ignacio Lamothe al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la incorporación de la provincia de San Luis a ese organismo, los miembros redactaron un escrito dirigido a Javier Milei y compañía:
«Los Gobernadores de las 23 provincias argentinas, reunidos en la Asamblea del Consejo Federal de Inversiones, por unanimidad han resuelto solicitar al Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromisos respecto a la financiación y/o ejecución de la obra pública en los territorios provinciales», se lee en el texto.
En nombre de las provincias, los gobernadores solicitaron «el cumplimiento de las transferencias corrientes y de las deudas correspondientes a los recursos de las Cajas No Transferidas; y la distribución del Fondo Compensador del Transporte que se financia en forma específica a través del Impuesto a los Combustibles y que, sin embargo, se ha interrumpido».
También señalaron que «de cara a la discusión del presupuesto del año 2025, las provincias argentinas propugnan por una distribución más equitativa entre la Nación y las Provincias de los recursos coparticipables y buscarán los instrumentos adecuados para poder afrontar sus responsabilidades, tal como establece la Constitución Nacional, con los recursos correspondientes».