Empleados nucleados a la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizan un paro este martes desde las 7 de la mañana y por 24 horas para exigir que se aplique la ley de emergencia pediátrica.
A esta medida de fuerza se le suma una marcha a la Plaza de Mayo hoy a las 16 que estará integrada no solo por profesionales del Hospital Garrahan sino también por universitarios, trabajadores y familiares del área de discapacidad.
Esto se debe a que, si bien el Gobierno promulgó la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, de Financiamiento de la Educación Universitaria, de Recomposición del Salario Docente, y la de las Residencias Nacionales en Salud, su aplicación fue suspendida debido a que el texto de la ley aprobada y ratificada en el Congreso no especifica de dónde saldrá el dinero para financiar dichos gastos.
La promulgación de las leyes 27.795 y 27.796 se dio en las últimas horas a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial con las firmas Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (en el Decreto 759) y de Salud, Mario Lugones (en el caso del Decreto 760).
Es la Ley 27.796 la que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año y tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.
Promulgación de la Ley de emergencia pediátrica
La mencionada ley busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.