Tras el fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso suspender todas las apelaciones vinculadas al caso, en una medida que consolida el escenario abierto por la reciente resolución judicial.

La decisión implica dejar en pausa los distintos recursos presentados por las partes hasta que el fallo quede firme. En ese marco, el tribunal también resolvió cancelar la audiencia que estaba prevista para el 16 de abril, en la que se iban a tratar varias de esas apelaciones, entre ellas la impulsada por el Estado argentino contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a transferir acciones de la petrolera a los acreedores.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó que la medida adoptada por la Cámara responde a una lógica procesal, al haber emitido un fallo favorable al país, el tribunal optó por frenar el tratamiento del resto de los planteos hasta que se definan los próximos pasos judiciales.

En ese sentido, aún resta que Burford Capital evalúe y presente los recursos disponibles para intentar revertir la decisión. Según trascendió, la defensa del fondo solicitó una prórroga al argumentar que su abogado principal, Paul Clement, enfrenta compromisos que le dificultan preparar la presentación en los plazos originales.

Tras conocerse el fallo, el fondo manifestó su rechazo y calificó la resolución como «muy decepcionante», al considerar que implica un retroceso para los derechos de los accionistas minoritarios. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de avanzar en otras instancias, como un eventual arbitraje internacional.

El fallo de la Cámara introdujo un punto clave al sostener que las leyes dictadas por el Congreso argentino prevalecen sobre los estatutos de YPF. En esa línea, los jueces interpretaron que dichos estatutos tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.

Esa interpretación resultó determinante para descartar que la expropiación genere automáticamente una obligación de indemnización contractual. A lo largo del proceso, los demandantes también intentaron que se declare a la Argentina en desacato, reclamaron la transferencia de acciones estatales e insistieron en la existencia de un «alter ego» entre la empresa y el Estado, planteos que no prosperaron en esta etapa.

De este modo, la causa entra en una nueva fase, con la expectativa puesta en los próximos movimientos judiciales y en la posibilidad de que el fallo quede firme, lo que consolidaría una victoria clave para la Argentina en uno de los litigios internacionales más relevantes de los últimos años.