El Gobierno de Mendoza informó que envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro” en busca de la aprobación para avanzar en la producción de litio en la provincia.

Ahora, ambas cámaras analizarán la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera, luego del proceso de evaluación técnica, ambiental y multisectorial que incluyó la realización de dos audiencias públicas.

En caso de aprobarse, la iniciativa se realizará en los departamentos de San Rafael y Malargüe. El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y el área de estudio abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la provincia formalizó el ingreso del documento “luego de un trabajo extenso de análisis, con la participación técnica de organismos como la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA), la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios y el INAI”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proceso incluyó dos audiencias públicas, una en San Rafael en noviembre de 2024, y otra en Malargüe, en noviembre de 2025.

Qué condiciones y exigencias ambientales deben cumplirse
Antes del tratamiento legislativo, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente estableció un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse de manera estricta:

Actualización de la línea de base ambiental.
Implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna.
Presentación de planes de contingencia, obtención de permisos sectoriales y constitución de seguros ambientales.
Obligaciones vinculadas al control ambiental permanente.
Gestión de residuos.
Protección de la biodiversidad.
Resguardo del recurso hídrico.
Elaboración de una línea de base social indígena, para identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.
Presentación periódica de informes.
Inspecciones sin aviso.
Aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
Actualización ambiental del proyecto cada dos años.