El gobierno de Javier Milei dispuso este lunes que se destinen parte de los ingresos generados por privatizaciones y operaciones con inmuebles públicos al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Así quedó plasmado en el Decreto 314/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y todos los ministros que forman parte de su Gabinete.

La iniciativa pone en marcha el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”, orientado a reforzar el equipamiento, modernizar infraestructura estratégica y recuperar capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario señaló que los avances tecnológicos en materia militar, como la inteligencia artificial y las armas automatizadas, exigen nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas. También remarca la necesidad de contar con un sistema de defensa acorde a la extensión territorial, los espacios marítimos y aéreos y los recursos estratégicos del país.

El decreto señala además que el contexto internacional presenta “múltiples conflictos geopolíticos latentes” y nuevas amenazas, como ciberataques, sabotajes e incursiones irregulares, lo que refuerza la necesidad de actualización del sistema defensivo.

En paralelo, el decreto destaca el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, donde intervienen con tareas logísticas, sanitarias y de infraestructura. En ese marco, subraya que es clave que cuenten con “medios adecuados, modernos y operativos”.

El DNU también advierte sobre las limitaciones del esquema actual: la mayor parte del presupuesto se destina a gastos de personal y funcionamiento, lo que “limita severamente la inversión” y reduce el margen para mejorar capacidades.

Frente a este diagnóstico, el decreto presidencial redefine las fuentes de financiamiento. Por un lado, establece que el 10% de los ingresos por venta, alquiler, concesión o transferencia de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa.

En los casos en que los bienes ya estuvieran bajo esa órbita, el porcentaje se eleva: el 70% de los fondos generados por esos inmuebles quedará en el área, con el mismo destino.

A esto se suma una segunda vía de recursos: el decreto dispone que el 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas o participaciones estatales también será asignado al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.

El texto aclara que estos ingresos no reemplazan los fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.

Como parte de la implementación, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos prioritarios de equipamiento, que servirá para orientar la asignación de los recursos.

La medida entra en vigencia desde su publicación y forma parte de la estrategia oficial para reconfigurar el financiamiento del sistema de defensa y acelerar su modernización.