En la antesala de la tradicional celebración del Tedeum por el 25 de Mayo, la Iglesia Católica emitió un duro mensaje al Gobierno. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, advirtió sobre el avance de la intolerancia social y dirigencial y lamentó la existencia de un clima de “rechazo de todo el que piensa distinto” y el uso de la descalificación frente a las opiniones divergentes.

Fue durante la homilía en la Catedral Metropolitana, el mismo escenario que mañana albergará la ceremonia patria con la asistencia del presidente Javier Milei y los ministros de su gabinete.

El religioso tomó como base los textos de San Pablo para trazar un paralelo con la realidad nacional: “Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia (…), cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”.

Aunque evitó menciones explícitas, en el arco político las declaraciones fueron leídas como un llamado de atención a los encendidos discursos del Poder Ejecutivo, marcados por recurrentes cruces con la prensa y sectores de la oposición.

El sermón coincidió, además, con jornadas de alta tensión interna, ejemplificadas en la reciente denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que la diputada oficialista Marcela Pagano impulsó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La exclusión de Victoria Villarruel
A todo esto, se suma que por primera vez desde el inicio del mandato, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, no formará parte de la delegación oficial que acompañará al jefe de Estado al Tedeum.

Desde la Presidencia del Senado emitieron un comunicado oficial donde confirmaron la exclusión. “La invitación al Tedeum del 25 de Mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La Vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”, informó.

Según trascendió, la determinación de dejar a Villarruel fuera del esquema litúrgico y de las actividades oficiales posteriores fue una orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La funcionaria, de posturas marcadamente críticas hacia la gestión de la Casa Rosada, quedó marginada del protocolo en una decisión que expone una fractura que asoma como irreversible.