Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades protagonizaron una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales, para «defender» el sistema universitario nacional y «exigir» la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), ya aprobada por el Congreso.
Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria que se llevó a adelante hace dos semanas, esta nueva iniciativa congregó a docentes universitarios, estudiantes, cuerpo nodocente y autoridades de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la ley”.
Profesores universitarios brindaron clases abiertas para visibilizar el «ajuste» del Gobierno Nacional «que golpea salarios, becas, investigación» y el «funcionamiento» tanto de las universidades como de toda la comunidad: «Reclamamos una respuesta urgente», añadieron.
Desde las 11hs., varios docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictaron clases y a las 15hs, dieron una cátedra de cierre la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA), Pablo Perazzi.
«Cómo se explica que en dos años y medio hubo cuatro Marchas Universitarias como no ocurrió en décadas. La del martes pasado fue verdaderamente asombrosa la cantidad de pibes y pibas y de las las columnas de estudiantes secundarios que ya están pensando en los estudios superiores. Eso a nosotros nos da una esperanza y unas ganas de seguir dando clases como nunca», aseguró Perazzi en declaraciones televisivas.
Para finalizar sostuvo que es «ridículo» que se reclame el financiamiento a la Universidad, o en cualquier nivel educativo, porque es algo «obvio» y «no amerita ninguna discusión»: «Es como decir que se tienen que comprar gasas para los hospitales».
Hasta el momento, la gestión del presidente Javier Milei insiste en no implementar la Ley para cumplir con «el equilibrio fiscal», ya que argumentan que la normativa «no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios» destinados a las universidades públicas.
Para eludir la aplicación de la normativa, que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones principales en el Congreso para su sanción, el Poder Ejecutivo optó por suspender la Ley por decreto y apeló a fallos judiciales en contra.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su reclamo a nivel legal y, después de exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, decidió presentar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de resolver un dictamen definitivo. N.A.