El nuevo estatuto dispuesto por el gobierno de Javier Milei modifica criterios que afectan a los ingresos, las carreras, los viajes al exterior y los ascensos.

El gobierno aprobó este miércoles un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que incluyó nuevas reglas para el ingreso, la carrera profesional, las promociones y las remuneraciones de los agentes. Así quedó plasmado en el Decreto 1021/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Así, quedó sin efecto el esquema que había sido aprobado en 2003 para la entonces Secretaría de Inteligencia y el personal civil de inteligencia de organismos de las Fuerzas Armadas y justificó esta decisión sobre la base de las modificaciones que se dieron en los últimos años.

De esta manera, la carrera de los agentes de la SIDE deberá regirse por idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, capacitación permanente y fortalecimiento de competencias. También se determinó que los mecanismos de ingreso y ascenso deben responder a criterios técnicos, éticos y profesionales, con el objetivo de que el cuerpo de personal trascienda los cambios de coyuntura política.

El estatuto también apunta a establecer una relación proporcional entre los salarios, las responsabilidades, las capacidades técnicas y los grados jerárquicos. Por esto, indicaron que busca evitar diferencias discrecionales en las retribuciones de agentes con funciones, trayectorias y antigüedad equivalentes.

El capítulo de derechos reconoce la estabilidad laboral una vez confirmada la incorporación a la planta permanente, además de la retribución según la categoría, licencias, jubilación, asistencia social y la posibilidad de presentar consultas y reclamos. También contempla cambios de cuadro, ascensos ordinarios, por méritos extraordinarios o póstumos, y distinciones para quienes se destaquen en sus tareas.

En línea con esto, el estatuto dispone que el personal debe recibir trato igualitario y oportunidades de movilidad en la carrera, sin diferenciaciones ajenas a su aptitud y conducta profesional. A la vez, habilita el rechazo de una orden que sea manifiestamente ilegal o que vulnere derechos humanos.

Entre los deberes, se establece la obligación de preservar la confidencialidad sobre datos, documentos y materiales conocidos durante el servicio. Ese deber de secreto se mantendrá aun después del cese de las funciones.

En caso de renuncia, el personal deberá mantenerse en funciones durante 30 días corridos, salvo autorización para dejar el puesto antes de ese plazo. Además, se exigen declaraciones juradas sobre la situación patrimonial y los datos personales, la excusación ante eventuales conflictos de intereses y la denuncia de hechos que puedan perjudicar al organismo, configurar delitos o infringir las reglas internas.

Los agentes deberán pedir autorización anual para dar clases, cursar estudios, publicar artículos, participar como expositores en actividades académicas o desarrollar otras tareas externas, incluido el ejercicio profesional o comercial. También tendrán que informar los viajes a más de 200 kilómetros de la sede laboral con tres días de anticipación y solicitar permiso con al menos diez días de antelación para salir de Argentina.

En el caso de las prohibiciones, se incluyó el aprovechamiento de la información, documentos o recursos obtenidos en el cargo para beneficios propios o de terceros, así como divulgar cualquier antecedente conocido por la función, incluso si no cuenta con una clasificación de seguridad. La restricción también continuará tras la desvinculación de la SIDE.

El régimen impide recibir dádivas o ventajas vinculadas con el puesto y usar bienes patrimoniales para fines ajenos al servicio. Asimismo, prohíbe a los agentes contratar con administraciones públicas o prestar servicios a concesionarias, contratistas, proveedoras y firmas reguladas por ellas.

El personal tampoco podrá trabajar, de forma remunerada o ad honorem, para personas o entidades relacionadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado, encuestas, vigilancia o investigaciones. También veda el porte y uso de armas de fuego durante el servicio, excepto para quienes tengan condición de legítimos usuarios conforme a la normativa vigente.

Los agentes deberán vivir a menos de 200 kilómetros de su lugar de trabajo.

El ingreso a la SIDE incluirá un curso obligatorio y hasta un año de planta condicional. Entre los requisitos para inscribirse, los aspirantes deberán ser argentinos, mayores de edad, acreditar al menos estudios secundarios, reunir las condiciones psicofísicas exigidas y superar los controles de contrainteligencia, incluido el examen socioambiental, además de los mecanismos de selección que fije el organismo.

En este sentido, se impide el ingreso de personas condenadas o con procesamiento firme por delitos incompatibles con la función pública, inhabilitadas para ejercer cargos estatales o que hayan sido destituidas de la administración pública, las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad. También excluye a quienes mantengan acciones judiciales, reclamos administrativos o litigios pendientes contra la SIDE mientras persista esa situación.