La reciente puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno Nacional —anunciada a través de la red social X— generó una reacción inmediata de varios sectores políticos y mediáticos, y también de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
A través de un comunicado, titulado «Inquietud de ADEPA por el potencial uso de una iniciativa estatal para ‘verificar’ contenidos», la institución marcó una línea clara entre el derecho a la comunicación institucional y la implementación de una «dinámica acusatoria» contra los medios de comunicación.
Para ADEPA, el peligro radica en que el Estado asuma un rol de «verificador» de contenidos con el fin de señalar supuestas «operaciones mediáticas». Según la entidad, esta práctica conlleva riesgos sistémicos como la atribución de funciones de monitoreo puede derivar en un disciplinamiento de las opiniones críticas.
Siguen las críticas contra la nueva Oficina de Respuesta.
Siguen las críticas contra la nueva Oficina de Respuesta.
Además, la oficina cuestiona la actividad periodística profesional, pero omite las campañas de desinformación anónimas y perfiles falsos que circulan en plataformas digitales.
Por último, ADEPA se manifestó en contra del concepto de «mentira»: el organismo advierte que el término «desmentir» presupone una falsedad deliberada, ignorando que el periodismo trabaja contrastando voces y opiniones diversas.
El comunicado subraya que combatir la desinformación es una tarea necesaria, pero que el mejor antídoto no es la imposición de una «verdad oficial». Por el contrario, la asociación defiende un ecosistema plural donde los medios sean responsables ante sus audiencias y la ley.
«El Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública», sentencia el documento. Adepa concluye que son los ciudadanos, en un entorno de libertad, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes y reconocer la confiabilidad de la información, reafirmando que «la gente es el último juez del trabajo periodístico».