Luego de que el juez Jorge Gorini confirmara el otorgamiento de prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, el senador formoseño José Mayans se encuentra al frente, desde las 18, de una reunión con gobernadores de Unión por la Patria (UP) en la sede del Partido Justicialista (PJ) ubicada en Matheu 130, de la Ciudad de Buenos Aires.
A esa cita acudió Axel Kicillof, que el jueves pasado fue la pieza clave que faltó para mostrar una foto de unidad. Dispuesto a apoyar a la máxima líder del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se presentó en una reunión donde su presencia es clave.
El objetivo es garantizar que la movilización que acompañará a Cristina a Plaza de Mayo sea masiva. Para ello el viernes pasado ya hubo una reunión con integrantes de los sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos. En tanto, el sábado se organizó una reunión de intendentes de todo el país quienes son, en definitiva, los principales engranajes del motor capaz de alimentar la movilización.
La convocatoria de mañana en apoyo a Cristina es a las 14 horas en Plaza de Mayo
El hecho de que el juez Jorge Gorini confirmara el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner generó algunos idas y vueltas con respecto a la movilización que el Partido Justicialista (PJ) y la militancia tenían prevista para este miércoles.
Inicialmente, la marcha sería a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la expresidenta y asegurarse que regresara a su casa. Como la disposición judicial fue informada por videollamada, ya no era necesario que la exmandataria se trasladara a ese lugar.
Por esa razón, los principales referentes del peronismo decidieron que se realice la convocatoria de igual manera y se definió cómo va a hacer: de manera voluntaria y espontánea, muchos adherentes a Cristina se reunirán este miércoles, desde las 10, frente a la casa de la máxima líder del kirchnerismo.
Sin embargo, la convocatoria oficial es una marcha a Plaza de Mayo prevista para las 14 horas, con el fin de repudiar el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a la expresidenta por la causa Vialidad, imponiéndole 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.