El deterioro del nivel de actividad en el sector mayorista comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los últimos meses y dejó al descubierto situaciones críticas en distintas compañías. En ese marco, el supermercado mayorista de productos de limpieza y perfumería Caromar, controlado por la familia Manassero, se presentó en concurso preventivo de acreedores y formalizó un proceso de crisis que se profundizó en el último tiempo.

La apertura fue dispuesta por el Juzgado Comercial N°1, que encuadró el expediente como un “gran concurso”, una categoría que refleja la dimensión del pasivo y la complejidad del caso. En su presentación, la empresa afirmó encontrarse en estado de cesación de pagos y detalló los factores que afectaron su operatoria.

Según expuso en el expediente, el deterioro se aceleró por una combinación de variables: caída del nivel de ventas, pérdida de capital de trabajo, dificultades para abastecerse y conflictos gremiales que impactaron en la actividad diaria. La compañía indicó que estos elementos se reforzaron entre sí y generaron un escenario cada vez más complejo.

El ingreso al concurso formalizó además un proceso previo de ajuste. A fines del año pasado, la empresa cerró cuatro sucursales ubicadas en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos. Actualmente mantiene cinco locales operativos en Laferrere, Moreno y José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, además de Rosario y Neuquén.

Caromar combina el negocio mayorista —abastece a comercios de cercanía con productos de limpieza, perfumería, pañales y cosmética— con el desarrollo de marcas propias, entre ellas El Coloso, GoodMax, Queen y Simpli. Su modelo de negocios depende del volumen de ventas y de la rotación, dos variables que se deterioraron de forma sostenida.

El impacto de la caída de ventas
En el expediente, la firma detalló con precisión el impacto de la caída del consumo. Señaló que las ventas de mercaderías se redujeron cerca de un 42% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, tanto en términos nominales como reales. Al mismo tiempo, describió un cambio en el comportamiento del mercado, con menor demanda y una competencia cada vez más agresiva en precios.

En ese contexto, la empresa sostuvo que algunos competidores comenzaron a vender incluso por debajo de sus costos para sostener participación, lo que erosionó los márgenes del sector. Esa dinámica afectó especialmente a su unidad industrial.

La compañía explicó que durante años invirtió en el desarrollo de su planta de jabón en polvo, con producción destinada tanto a marcas propias como a terceros. Sin embargo, en 2024 decidió cerrarla. Según indicó, no logró sostener la operación frente a precios de mercado que se ubicaron por debajo de sus costos de fabricación, en particular frente a grandes fabricantes.

“En el primer semestre de 2024 se cerraron la fábrica de jabón en polvo y la sucursal San Justo. Fue realmente una decisión dolorosa porque se emplearon cinco años en armar la fábrica de jabón en polvo. Pero no se pudo afrontar el dumping de Unilever, quien vendía a un precio inferior al costo de fabricación. Ello a pesar de que se proveía de jabón en polvo a clientes de primera línea Carrefour y a Supermercados Día. Pero la cantidad de camiones mensuales despachados disminuyó de diecisiete a dos. Finalmente se cerró la fábrica”, señaló la empresa en su presentación.

La salida de esa unidad implicó no sólo la pérdida de una línea de negocio, sino también un golpe a su integración productiva. La caída de la actividad impactó de manera directa en la estructura de la compañía.

Según surge del expediente, Caromar llegó a contar con hasta 500 empleados en su pico de operación, un nivel que dejó de ser sostenible con el nuevo volumen de ventas. En ese contexto, la firma avanzó con un recorte que incluyó unos 120 despidos y el cierre de sucursales.

De acuerdo con su planteo, la empresa intentó implementar una reducción gradual del personal, pero no logró sostenerla. En ese punto, vinculó esa dificultad con el frente sindical. En la presentación, mencionó una “alta conflictividad del Sindicato de Empleados de Comercio”, con asambleas y medidas que afectaron la operatoria diaria y profundizaron la caída de ingresos.

A ese escenario se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que la empresa consideró relevantes en su cuadro financiero. En uno de esos casos, además, indicó que se trabaron embargos sobre cuentas bancarias, lo que impactó en el funcionamiento habitual.

Tras ese proceso, la dotación quedó reducida a poco más de 200 empleados activos, distribuidos entre las sucursales en funcionamiento y la estructura central.

El cuadro se volvió más complejo hacia el último trimestre del año pasado. La empresa explicó que a partir de octubre comenzó a agotarse el capital de trabajo, lo que modificó la relación con proveedores.

Según detalló, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que derivó en faltantes de mercadería en las sucursales y una nueva caída en las ventas. Ese quiebre generó un circuito difícil de revertir, con menor stock, menor facturación y mayores dificultades para cumplir con compromisos.

En paralelo, la compañía acumuló cheques rechazados por más de $1.000 millones, un indicador del nivel de tensión en su cadena de pagos. En contraste, su deuda bancaria, cercana a los $55 millones, se mantuvo sin atrasos, lo que mostró que el problema se concentró en proveedores y pasivos comerciales.

En ese contexto, la empresa reconoció que no logró sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, y planteó que el concurso era la herramienta necesaria para ordenar su pasivo y evitar una quiebra.

El proceso fijó como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, mientras que la etapa de negociación con acreedores se extenderá hasta abril de 2027. En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes y otras medidas de control sobre la administración.

De cara a lo que viene, la compañía planteó operar con una estructura más acotada, tras el cierre de sucursales, la reducción de personal y la salida de su unidad industrial. El objetivo se centró en sostener la actividad con menor escala y avanzar en un acuerdo con acreedores en un escenario condicionado por la evolución del consumo. Infobae