El polémico pacto, impulsado por el afán de Milei de consolidar su alianza con Trump, convertiría a la Argentina en un «tercer país» de tránsito para vuelos de repatriación.

En un giro drástico para la tradición migratoria argentina, trascendió este viernes que la Casa Rosada y la Casa Blanca ultiman los detalles de un polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a ciudadanos extranjeros hacia territorio argentino.

La investigación, publicada por The New York Times basándose en registros oficiales y fuentes bajo anonimato, señala que las negociaciones buscan facilitar la salida de migrantes de países con los que Washington no tiene lazos diplomáticos o acuerdos de repatriación directa.

El plan, propuesto formalmente a principios de este mes por el subsecretario de Política Exterior en funciones, Juan Navarro, contaría con el compromiso del canciller Pablo Quirno, siempre según el prestigioso medio estadounidense.

La mecánica sería la siguiente: personas detenidas ilegalmente en la frontera de EEUU serían trasladadas a Argentina —a miles de kilómetros de distancia— para que, desde allí, se coordinen los vuelos finales hacia sus naciones de origen.

Este tipo de tratados de «tercer país» es una herramienta clave en la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. Al aceptar estos traslados, Argentina se sumaría a una lista de aliados regionales que incluyen a Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y Ecuador, cuyos mandatarios también han estrechado vínculos políticos con el líder republicano.

El giro ideológico de Javier Milei
Para el gobierno argentino, este acuerdo representa un equilibrio complejo. Por un lado, refuerza la sintonía con Trump tras haber recibido una ayuda financiera de 20.000 millones de dólares en septiembre, clave para las legislativas intermedias. Por otro lado, choca con la propia retórica antiinmigración que Javier Milei ha empezado a endurecer puertas adentro.

En entrevistas recientes, Milei ha comparado la migración que no se adapta con una «invasión» cultural. Además, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró recientemente un «récord histórico» de 5.000 expulsiones e inadmisiones en dos meses, marcando un cambio de paradigma hacia un enfoque de seguridad nacional.

A pesar del entusiasmo oficial por la alianza con Washington, los documentos obtenidos por el Times muestran preocupaciones internas en el Gabinete libertario, como el temor a un rechazo social en un país históricamente forjado por inmigrantes. Minutouno