El juez federal Julián Ercolini resolvió esta semana aplicar las medidas cautelares de inhibición de bienes y la suspensión del secreto fiscal y bancario contra el expresidente Alberto Fernández y otros imputados en la causa conocida como Nación Seguros, en las que se investigan irregularidades en la venta de pólizas.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional federal 11 hizo lugar a un pedido del fiscal Carlos Rívolo y autorizó la «inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas», lo que implica «el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.
El juez le pidió, además, al Banco Central, que le requiera “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de Fernández desde el año 2009.
Lo que busca Ercolini es descubrir la existencia “de algún fondo común de inversión”, así como la “compra venta de moneda extranjera; compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega; adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”.
Por eso, el juez federal también le pidió a la Oficina Anticorrupción, con carácter de urgente, las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) del ex presidente y los demás investigados.
La semana pasada la Justicia ordenó un allanamiento del domicilio del gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, en el marco de la investigación por las pólizas de Anses. Tras ese operativo el Gobierno de Javier Milei -desde donde partió la denuncia que originó la causa- le pidió la renuncia a este funcionario.
Tanos está sospechado de ser el nexo con la productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y presuntamente cobró millonarias comisiones por esa intermediación.
Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.
Otro de los imputados es el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio, a quien también se le habría reclamada su renuncia.
En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia se incluyeron asimismo los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.