El viernes pasado venció el plazo para que los dueños de la fábrica de neumáticos Fate pagaran los sueldos adeudados al personal que fue despedido a principio de año por el cierre de la planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Por ese motivo la Justicia ordenó esta semana un embargo por casi $ 3.000 millones.
La conciliación obligatoria había sido dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había resuelto que la empresa controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla debe abonar los salarios de sus 920 trabajadores hasta el 1o de julio de 2026 a pesar de haber anunciado el cierre de operaciones el 18 de febrero último.
Como la compañía pagaba cada 15 días, esto significa que se adeudan los pagos por tres quincenas en febrero y marzo de 2026, más una cuarta en abril, informó el diario Clarín.
La jueza Liliana Rodríguez Fernández, del juzgado laboral de primera instancia N°17, resolvió trabar el embargo este martes, anunció Alejandro Crespo, dirigente del sindicato del neumático (SUTNA), en declaraciones reproducidas por el matutino.
«Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre FATE por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, FATE es la única que lo produce en el país», expresó Crespo a medios apostados frente al juzgado.
El abogado del gremio Eduardo Penello agregó que los dueños de Fate «tienen que pagar con los fondos que tengan», y que a la firma «le van a embargar $ 3.000 millones por lo sueldos comprendidos desde febrero a julio para la totalidad de los trabajadores que figuraban en el convenio de mayo pasado».
Los trabajadores y su gremio juegan con la variable de que el embargo no puede ser recurrido y que afectaría a las 920 personas que trabajaban antes del cierre, sin importar los acuerdo económicos individuales posteriores, porque existe un convenio firmado entre las partes para garantizar la estabilidad hasta fines de 2026.
Ese convenio se firmó en mayo de 2025 y en él la firma se comprometía a no despedir personal a cambio de beneficios impositivos como el descuento del pago de aportes y cargas sociales, una facilidad otorgada por el Gobierno nacional para mantener los puestos de trabajo y la industria funcionando.
Lo paradójico del caso es que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió esta semana sobre el tema durante su visita a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), donde afirmó que en el caso de Fate, «si no caza más en el zoológico, cierra».
Por el momento, Fate deberá continuar pagando los salarios quincenales hasta el 30 de junio y recién se liberará de la carga el 1o de julio.
De ahí surge la cifra de $ 3.000 millones: serían $ 2.600 millones por salarios y otros $ 300 millones por las costas del juicio.
Desde la compañía aseguraron que no están al tanto del fallo de Rodríguez Fernández, pero la semana pasada advirtieron que apelarían cualquier medida adversa y que sólo hay 243 trabajadores que aún no llegaron a un acuerdo económico para su desvinculación. Minutouno
