El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, la norma que desde octubre de 2025 está judicializada tras la decisión del Ejecutivo de suspender su ejecución por falta de fuentes de financiamiento. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya convocó a todas las universidades del país para que informen las necesidades de sus hospitales, según una nota enviada a las casas de altos estudios.

La iniciativa, firmada el 18 de febrero de 2026 por Milei, Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas previstas en la Ley de Presupuesto 2026.

A diferencia de la norma vigente, el proyecto incorpora de forma expresa las fuentes de financiamiento, el punto que el Ejecutivo señaló siempre como el talón de Aquiles de la Ley 27.795.

El trasfondo político y judicial es denso. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en octubre de 2025 por el incumplimiento de la ley. En diciembre de ese año, el juez Martín Cormick ordenó su aplicación inmediata. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa cautelar el 31 de marzo de 2026. Pero el 7 de mayo, la misma sala concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno, por lo que la medida cautelar quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le dijeron a Infobae que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta “formal” del Gobierno. Fuentes oficiales le aseguraron a este medio que, desde el Ministerio de Capital Humano, organismo del que depende la subsecretaría de Políticas Universitarias, afirmaron que los rectores están interiorizados de la propuesta oficial, que se mantuvieron conversaciones “informales con el CIN” y que la Casa Rosada avanzaría con la nueva normativa solo si “se retira la cautelar” que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo con el IPC.

El nuevo proyecto modifica los artículos centrales de la Ley 27.795. En materia presupuestaria, establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se ajustarán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC supera el 14,3% anual, valor tomado como referencia para la confección del Presupuesto 2026. De esa forma, el texto intenta blindar el poder adquisitivo de las partidas universitarias frente a una inflación mayor a la proyectada.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la recomposición presupuestaria para los hospitales universitarios. El texto incrementa en $80.072.460.000 el crédito de la Actividad Presupuestaria 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario. La convocatoria del Ministerio de Capital Humano a las universidades para que reporten sus necesidades sanitarias se enmarca precisamente en ese punto.

En cuanto a salarios, el proyecto prevé una recomposición escalonada para el personal docente y no docente: un incremento del 4,1% a partir del 1° de marzo de 2026, otro 4,1% desde el 1° de julio y un tercer tramo del mismo porcentaje desde el 1° de septiembre, todos calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias al mes siguiente de la sanción de la ley, con una frecuencia máxima de tres meses entre ronda y ronda.

El Ejecutivo sostiene que la norma subsana la deficiencia central de la Ley 27.795: la ausencia de una fuente de financiamiento concreta. Según el proyecto, los gastos serán afrontados por la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano, y si el gasto excediera el crédito disponible, el exceso se cubrirá con partidas de la Jurisdicción 91. Esa previsión, argumenta el oficialismo, evitaría la suspensión automática que establece el artículo 5° de la Ley 24.629 para toda norma que autorice gastos sin identificar su financiamiento —el mismo argumento que la Cámara ya rechazó respecto de la ley anterior.

Los objetivos del Programa 26 que el proyecto define incluyen garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes; ampliar la oferta de carreras según las necesidades estratégicas del país; fortalecer la investigación y la extensión universitaria; e incrementar las becas para los sectores más vulnerables.

La propuesta llega al Congreso con la firma de los cuatro funcionarios de mayor rango del Ejecutivo y con el pedido de pronta sanción. Hasta ahora, el proyecto no se trató en las comisiones parlamentarias. Desde La Libertad Avanza intenta llegar a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que el pasado 13 de mayo realizó la cuarta marcha contra el gobierno de Milei y fue multitudinaria. Infobae