Gremios del sector expresaron una posición unificada contra la Resolución aprobada sin estudios técnicos previos y respaldaron el planteo de la Provincia para revocar la medida.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, encabezaron este jueves una reunión de la Mesa Bonaerense de Pesca, en la que las organizaciones sindicales del sector manifestaron un contundente rechazo a la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), que habilita, sin suficiente estudio técnico, un proceso para incorporar 18 buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus).

Durante el encuentro, del que participaron organizaciones sindicales y cámaras empresarias vinculadas a la actividad, estuvieron presentes además la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el director provincial de Pesca, Matías Nicolosi; el subsecretario de Trabajo, Andrés Reveles; el coordinador de la Zona 8 del MTPBA, Raúl Calamante; el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos, Esteban Mancusi; el director del Consorcio de Gestión Portuaria de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez y el asesor del MTPBA, Gustavo Mariani.

Los gremios que nuclean a las y los trabajadores de puertos, buques, astilleros y vías navegables, entre otros sectores vinculados a la pesca, coincidieron en advertir sobre las consecuencias negativas de la medida tanto para la sustentabilidad del recurso como para las fuentes de trabajo asociadas a la actividad pesquera.

En ese marco, el ministro Javier Rodríguez detalló la presentación que hizo de un recurso de reconsideración ante el CFP solicitando la revocación de la resolución y pidió la suspensión de sus efectos hasta contar con estudios científicos, técnicos y ambientales que demuestren que el aumento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sostenibilidad del recurso.

La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), que presentó oportunamente una nota ante el Consejo Federal Pesquero objetando la medida y solicitando revisar la Resolución 6/2026 y también adhirió al reclamo de suspender el procedimiento iniciado hasta tanto se evalúen adecuadamente sus impactos.

Al abrir la reunión, Javier Rodríguez recordó que la pesca atraviesa distintas dificultades y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. “La pesca está atravesando distintas dificultades, pero encima sobre eso hay un ataque muy directo del Gobierno nacional”, afirmó.

El ministro señaló que uno de los antecedentes recientes fue el intento de habilitar el traspaso de cuotas de captura desde buques fresqueros hacia congeladores, iniciativa que finalmente fue retirada tras el rechazo expresado por la Provincia, sindicatos y cámaras empresarias. “Si se logró detener y frenar eso, fue por la acción coordinada de sindicatos, empresarios y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, destacó.

Javier Rodríguez consideró que la situación generada por la Resolución 6/2026 presenta características similares. “Tenemos en claro que este recurso es para agotar las vías administrativas porque, si es necesario, vamos a ir a la Justicia”, aseguró, y agregó que la Provincia busca construir una estrategia común con todos los actores de la actividad para rechazar una medida que pone en riesgo el recurso y afecta a las más de 80 embarcaciones que actualmente operan sobre la especie.

Por su parte, Walter Correa remarcó el carácter colectivo de la iniciativa y sostuvo que “desde la Provincia defendemos el trabajo, la producción, la situación del sector, la industria nacional y a los empresarios nacionales y también la soberanía”.

“En esta mesa no hay patrones y empleados, sino compañeras y compañeros de ambos lados. No tengo dudas de que vamos a desplegar una estrategia colectiva desde el Estado bonaerense que se hace cargo, no solamente de defender a las y los compañeros y la soberanía de la Provincia, sino también de hacer todo lo posible para defender la soberanía nacional”, concluyó.