La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la disputa entre las plataformas digitales y sus trabajadores: dejó firmes sanciones contra empresas de delivery y avaló el criterio de que los repartidores deben ser considerados empleados y no trabajadores independientes.

El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos presentados por compañías del sector y convalidó decisiones del Ministerio de Trabajo provincial, que había detectado irregularidades en la relación con los deliverys. Entre ellas, la falta de registración laboral, la ausencia de aportes a la seguridad social y el incumplimiento de condiciones básicas de trabajo.

El eje central del fallo pasa por un principio histórico del derecho laboral: cuando existe una prestación de servicios, se presume que hay relación de dependencia, salvo que la empresa pueda demostrar lo contrario. En estos casos, la Justicia entendió que las plataformas no lograron desvirtuar esa presunción.

Además, los jueces remarcaron que no alcanza con la denominación que las empresas le dan al vínculo —como “colaboradores” o “socios independientes”—, sino que lo determinante es cómo se desarrolla en la práctica. Es decir, si hay control, organización del trabajo y dependencia económica, se configura una relación laboral.

La decisión no implica un cambio automático para todos los repartidores ni establece una regulación general para el sector, pero sí marca un precedente fuerte dentro de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, refuerza la posición de los organismos de control y abre la puerta a nuevos reclamos judiciales en la misma línea.

El fallo se da en un contexto de debate global sobre el estatus laboral de los trabajadores de plataformas, con antecedentes similares en distintos países. En Argentina, mientras tanto, la discusión suma un nuevo capítulo que podría impactar de lleno en el modelo de negocio de las apps de delivery. Minutouno