El fallo ratificó que la empresa no podrá modificar sus obligaciones esenciales en materia de agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA.

En medio del proceso de privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) impulsado por el Gobierno Nacional, la Justicia bonaerense ratificó una medida cautelar que pone límites estrictos a cualquier intento de modificación en la prestación de los servicios de agua y cloacas.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, tribunal que confirmó en todos sus términos la resolución dictada en primera instancia tras la demanda promovida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

El fallo, rubricado por los magistrados Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, establece que la empresa prestataria tiene prohibido alterar, reducir, limitar o suspender sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección ambiental en los 26 municipios del conurbano donde opera la compañía.

De esta manera, si bien la resolución no invalida el proceso de venta de la empresa, frena de manera preventiva la aplicación de aquellas cláusulas del nuevo contrato de concesión suscripto en mayo que impliquen un retroceso en los estándares de calidad para los usuarios.

Los argumentos del fallo y el trasfondo de la privatización de AySA
Para sostener la vigencia de la medida de protección, los jueces fundamentaron su decisión en la doctrina del derecho humano al agua, los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, y el criterio in dubio pro natura de la Corte Suprema, señalando que un eventual deterioro en las garantías del servicio podría ocasionar perjuicios de imposible reparación posterior.

Asimismo, el tribunal resolvió que el expediente sea remitido a la Justicia federal para su prosecución, al considerar que el litigio involucra la interpretación del marco regulatorio nacional y la participación accionaria mayoritaria del Estado.

La resolución judicial se da a conocer en una semana clave para el cronograma económico del Ejecutivo, que fijó el 15 de septiembre como fecha límite para la presentación de propuestas orientadas a adquirir el 90% del capital social de la compañía, una operación con la que se estima recaudar unos 450 millones de dólares.

Con la causa derivada a un juzgado federal que deberá ser sorteado, el futuro operador privado quedará condicionado a operar bajo las exigencias sanitarias y ambientales vigentes, evitando que la transición societaria afecte las garantías esenciales de los habitantes del área metropolitana.

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