Después de respaldarlo durante meses pese a todas las evidencias que lo comprometían, Milei aceptó echar a Manuel Adorni y poner en su lugar a la más plena encarnación de la casta. Luego de ese cambio de piel, el gobierno se fijó un solo objetivo: lograr la reelección. Gobernar no es crear trabajo, gobernar no es trabajar por la grandeza de la patria ni por la felicidad del pueblo. Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección. Ahora bien, ¿la merece? Veamos:

En 30 meses de gobierno, con su política económica, Milei destruyó más de 300 mil puestos de trabajo y empujó al cierre a 26 mil empresas. Su plan de primarización impulsó solo a cuatro sectores ganadores contra una economía que se desploma. Crecieron minería, petróleo y gas, el agro concentrado y la intermediación financiera. Mientras tanto la industria acumula 12% de caída, el comercio 5% y la construcción un 15%. Con ingresos, sueldos y jubilaciones que no alcanzan y un dólar atrasado, las familias tienen que endeudarse para cubrir sus gastos corrientes. La morosidad de las deudas está en su punto más alto, superando a la megacrisis de 2001.

Ninguna de estas desastrosas consecuencias parece preocupar al gobierno de Milei. Hoy todos sus esfuerzos están puestos en conseguir los votos necesarios en el Congreso para suspender las PASO, una nueva maniobra con la que busca mejorar sus posibilidades electorales. No se trata de una reforma pensada para ahorrar recursos, fortalecer la democracia o mejorar la calidad del sistema electoral. Se trata, simplemente, de modificar las reglas de juego en función de su propia conveniencia política.

La pregunta entonces es cómo pretende conseguir esos votos. ¿A través del debate, de argumentos o de consensos? No. El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito.

Ahora bien, no se trata de una negociación política entre actores que se encuentran en condiciones de igualdad. El método se parece al de quien primero asfixia a un paciente y luego administra el oxígeno en dosis mínimas para decidir cuánto tiempo más puede resistir. El Gobierno nacional desfinancia a las provincias, les quita recursos, paraliza obras, abandona responsabilidades que le son propias y las obliga a enfrentar, en soledad, una demanda social cada vez mayor. Después convierte al alivio parcial de esa asfixia en una moneda de cambio: un giro de fondos, una autorización, una transferencia o una obra, siempre a cambio de respaldo político.

Cuando la Nación decide desertar, retirar recursos, cortar programas y desentenderse de sus obligaciones, las provincias quedan obligadas a responder a crecientes demandas sociales, conflictos salariales, sostener hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales con menos recursos y mayores necesidades. Esa vulnerabilidad no es un accidente: es el método del Gobierno nacional utiliza para imponer sus condiciones.

Este mecanismo expresa, además, una concepción del país. Reemplaza la cooperación entre Nación y provincias por una lógica de sálvese quien pueda. Sustituye el federalismo por relaciones de dependencia y castigo. Rompe la idea misma de un proyecto nacional compartido, donde el crecimiento de una provincia fortalece al conjunto de la Argentina y donde el crecimiento del país debe ser equilibrado. En el experimento libertario, ya no hay una Nación que coordina, integra y equilibra; hay un poder central que distribuye premios y castigos según su conveniencia política. El plan es fundir a las provincias mientras que, además, deben hacerse cargo de todo. El ahogo a las provincias tiene dimensiones catastróficas. Desde 2023, la política económica y las decisiones de Milei produjeron una pérdida acumulada para las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y CABA) que asciende a más de $47 billones a precios constantes, lo que equivale a 4 puntos del PIB, y significa un recorte de 13,4% en términos reales. Esta reducción tiene tres componentes:

a) la reducción de la coparticipación federal (recursos de origen nacional – RON), ocasionadas por la reducción del mercado interno y las medidas tributarias sobre impuestos coparticipables, como Bienes Personales.

b) la caída de la recaudación propia (recursos de origen provincial – ROP), ocasionadas por la caída del nivel de actividad en los sectores de mayor contribución, como industria, construcción y comercio.

c) la interrupción casi total de las transferencias nacionales que son obligatorias pero no automáticas (TNA), como resultado de una decisión política discrecional del Gobierno nacional.

Milei ataca con especial saña y revanchismo a la Provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que la política económica del Gobierno nacional golpea al conjunto de las 24 jurisdicciones. No tiene que ver con los mejores o peores modales del Jefe de Gabinete; se trata de la naturaleza misma del experimento económico en curso y del modelo político a través del cual se lo implementa. Con contadas excepciones, los tres componentes (RON, ROP y TNA) muestran una evolución negativa en la amplia mayoría de los casos. Peor aún, al analizar la variación consolidada de los recursos, el rojo es total y absolutamente generalizado en las jurisdicciones, retrocediendo entre -1% y -24% real, según el caso con una mediana de -13%.

En síntesis: el Gobierno de Milei está fundiendo a las provincias, a las familias argentinas y a las actividades que desarrollan. Pero esa no es una consecuencia no deseada: es parte de su método de gobierno. Al tiempo que liquida el federalismo, la asfixia económica se convierte en una herramienta de extorsión política, en un mecanismo para conseguir los votos que necesita en el Congreso, tanto para cambiar las reglas electorales como para impulsar otras iniciativas que fortalecen su proyecto electoral y debilitan la calidad de vida de los argentinos.

Los cuadros son contundentes. La caída de los recursos de origen nacional y provincial responde, en gran medida, a la crisis económica provocada por el propio Gobierno. Pero las transferencias no automáticas cuentan otra historia: son recursos que la Nación decidió retener discrecionalmente, incumpliendo su responsabilidad con las provincias y las obligaciones que impone la Constitución. No estamos frente a un Estado que no puede asistir; estamos frente a un Estado que elige no hacerlo para convertir esa necesidad en una herramienta de negociación.

Por otra parte, al revisar los datos, surge una llamativa coincidencia: el “superávit” acumulado por el gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno.

Estos últimos días, nos enteramos a través de los medios de que el Gobierno nacional está reuniéndose con los gobernadores para conseguir los votos que necesita para conseguir sus leyes y para cambiar el sistema electoral eliminando las PASO. Sin ningún disimulo, y de manera obscena, se informa que ofrece a las provincias parte de los recursos que les quitó, principalmente bajo la modalidad de préstamos o adelantos de coparticipación. Es decir, les presta a las provincias el dinero que antes les birló. A cambio de esa supuesta asistencia reclama los votos de senadores y diputados nacionales. Ese procedimiento tiene un solo nombre: chantaje, extorsión. Nada tiene que ver con la democracia, con el federalismo ni con la República.

Aclaremos algo. El problema de fondo no es estar a favor o en contra de las PASO. Ese puede ser un debate legítimo, como tantos otros. Lo verdaderamente grave es el método elegido para modificar las reglas del sistema político y el objetivo que persigue. Ninguna reforma institucional puede fortalecer la democracia si nace de la asfixia financiera, del disciplinamiento de las provincias y de la utilización de las necesidades de millones de argentinos como moneda de cambio para conseguir leyes. El objetivo de la reforma, además, no es mejorar nada, sino beneficiar a Milei, que cree que así podrá conseguir la reelección. Es repugnante.

Porque detrás de esta discusión aparece una idea mucho más profunda sobre el país. Milei no gobierna para integrar a la Argentina: gobierna administrando su fragmentación. No concibe a la Nación como un proyecto compartido de desarrollo, sino como un conjunto de territorios que compiten entre sí por recursos cada vez más escasos.

Por eso la respuesta a este modelo económico y político no puede ser el aislamiento ni la resignación. Tiene que ser la reconstrucción del interés general que vuelva a unir a las provincias alrededor de un proyecto nacional de producción, trabajo y desarrollo. Hay que sumar fuerzas, porque el mapa político argentino está hoy más fragmentado que nunca, y justamente por eso necesitamos construir acuerdos mucho más amplios. El primer acuerdo debe fundarse en la convicción de que ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra. No existe una salida provincial para una crisis nacional.

En los últimos meses tuve la oportunidad de recorrer tres provincias muy distintas entre sí: Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. También muy diferentes desde el punto de vista político, gobernadas por espacios diversos y con estructuras productivas, realidades sociales e históricas propias. Sin embargo, en las tres escuché las mismas preocupaciones. Conversé con gobernadores, intendentes, empresarios, comerciantes, rectores universitarios, estudiantes, trabajadores y representantes de distintos sectores productivos. El diagnóstico se repetía una y otra vez. En Tierra del Fuego, hay una enorme preocupación por la salvaje apertura importadora y por la clara entrega de soberanía. En Córdoba, trabajadores y empresarios pymes e industriales sufren por el mercado interno deprimido, las inversiones paralizadas y un sistema universitario desfinanciado por el gobierno nacional. En Corrientes, se siente el desplome de las economías regionales, el abandono de la infraestructura y las dificultades para sostener el empleo y las oportunidades para los jóvenes. Eso sí, al que no encontré en ninguna de las provincias argentinas fue al Presidente.

Evidentemente el problema no es una provincia ni un gobernador sino un modelo económico que golpea por igual a territorios muy distintos entre sí. Cambian las actividades productivas, cambian los gobiernos provinciales, cambian las identidades políticas. Lo que no cambia es el efecto de la ruinosa política libertaria: menos producción, menos empleo, menos inversión y más angustia e incertidumbre para millones de argentinos.

Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables. No solo en materia de soberanía, producción, trabajo y desigualdad, sino porque un segundo mandato de este experimento, terminaría por erosionar la idea misma de que compartimos un destino común.

Necesitamos volver a creer que la Argentina puede construirse entre todos y para todos. Necesitamos un federalismo profundamente nacional y un proyecto nacional profundamente federal. Solo así podremos dar vuelta esta historia y recuperar un futuro compartido.

* Columna de opinión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicada este fin de semana en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba.