El Gobierno aprobó pliegos y habilitó a 12 empresas para competir por la concesión de más de 1900 km de rutas nacionales.
Nación avanza con concesión de rutas y 12 empresas compiten por obras clave
El Gobierno nacional avanzó en el proceso de concesión de rutas al aprobar los pliegos y habilitar a 12 empresas para competir por la modernización de corredores estratégicos. La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones, un esquema que busca impulsar la inversión privada en la infraestructura vial y mejorar la calidad del sistema de transporte en todo el país.
Tras finalizar el período de impugnaciones, el Ejecutivo confirmó que continúa la etapa 2 A del proceso licitatorio, que contempla la intervención de más de 1900 kilómetros de rutas nacionales. En total, se presentaron 19 ofertas, de las cuales 12 cumplieron con los requisitos técnicos y financieros establecidos, mientras que 7 quedaron fuera de competencia.
Desde el Gobierno destacaron que el proceso se desarrolla bajo criterios de transparencia, evaluación objetiva y seguridad jurídica, con el objetivo de garantizar que las empresas adjudicatarias cuenten con capacidad real para ejecutar las obras y sostener la operación sin asistencia estatal.
Avanza la concesión de corredores estratégicos
La etapa 2 A incluye 2 tramos clave dentro de la red vial. Por un lado, el corredor Sur Atlántico Acceso Sur abarca 1325,17 kilómetros e incluye rutas como la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205 y la Ruta Nacional 226, además de accesos fundamentales como la Autopista Ricchieri y la Autopista Ezeiza Cañuelas.
Por otro lado, el tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros correspondientes a la Ruta Nacional 5. Estas obras buscan mejorar la conectividad, optimizar la circulación y reducir tiempos de traslado en zonas estratégicas para la producción y el comercio.
En el caso del corredor Sur Atlántico Acceso Sur, se recibieron 10 ofertas. De ese total, 6 empresas lograron la aprobación técnica, mientras que 4 quedaron desestimadas por no cumplir con las condiciones exigidas en los pliegos.
El Gobierno remarcó que la licitación establece estándares claros para garantizar la ejecución de obras de calidad y evitar incumplimientos que puedan generar costos adicionales para el Estado o los usuarios.
Evaluación técnica y exclusión de empresas
El proceso de selección incluyó una evaluación rigurosa de la capacidad técnica y la solvencia financiera de las empresas participantes. Entre los casos más relevantes, quedó excluida la firma Autopistas de Buenos Aires por no acreditar condiciones esenciales.
Las autoridades señalaron que uno de los requisitos principales consiste en demostrar capacidad para ejecutar las obras de manera directa, con recursos propios y estructura adecuada. Este criterio apunta a evitar la tercerización total de los trabajos y asegurar que la empresa concesionaria pueda responder ante eventuales contingencias.
Además, la evaluación financiera detectó incumplimientos en los indicadores de endeudamiento y solvencia. En el caso de la empresa excluida, el nivel de endeudamiento alcanzó 3,75, muy por encima del límite permitido de 1,50, lo que evidenció una situación incompatible con las exigencias del proceso.
También se registraron inconsistencias en la documentación presentada, que no pudieron corregirse durante la instancia de aclaraciones. Según el Gobierno, estos criterios se aplicaron de manera uniforme a todas las empresas, sin distinción, lo que refuerza la transparencia del proceso.
Un modelo basado en inversión privada y control estatal
La Red Federal de Concesiones se apoya en un modelo donde la inversión privada asume el riesgo de la operación y ejecución de obras. El Estado, en este esquema, define reglas claras, controla el cumplimiento de los contratos y garantiza la calidad del servicio.
El proceso cuenta con la intervención de organismos como la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Comisión Evaluadora.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que este modelo permitirá avanzar hacia un sistema vial más eficiente, con mejores estándares de calidad y mayor previsibilidad. La modernización de más de 9000 kilómetros de rutas forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer la infraestructura y acompañar el desarrollo productivo del país.
Con la continuidad de la etapa 2 A, el Gobierno espera definir en los próximos meses las adjudicaciones y dar inicio a nuevas obras que impactarán en la conectividad y el transporte a nivel nacional.
Con información de N.A.