Tras fracasar en sus intentos por vetarla primero y judicializarla después, el gobierno de Javier Milei no ceja en su intención de echar por tierra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para ello ahora envió un proyecto para reformar la ley y así eliminar la protección del Estado a uno de los sectores más sensibles de la sociedad y consolidar el ajuste.
En ese camino el colectivo de Discapacidad se movilizará nuevamente este miércoles a las 11, esta vez al ministerio de Salud de la Nación, para exigir el cumplimiento de la ley. La protesta busca sostener su reclamo contra la permanente vulneración de sus derechos desde hace dos años y visibilizar la nueva avanzada del gobierno libertario que pretende, con el argumento de «ir contra el fraude de pensiones mal otorgadas», destruir todo el sistema de protección social.
“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.
Y sigue: “Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”.
En diálogo con Urbana Play Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), aseguró que «este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Siguen insistiendo con el relato de las pensiones truchas pero no muestran pruebas concretas que justifiquen esta reforma. Mientras ponen bajo sospecha a todo un colectivo, que ya viene siendo golpeado y maltratado hace mucho tiempo”. Y agregó: “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Es lo que establece el valor de las prestaciones que brindan las instituciones y asociaciones en todo el país. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”.
Discapacidad: ¿sin nomenclador?
El nomenclador es uno de los puntos que más preocupa al sector. Es que desarmar el nomenclador nacional es desarmar el sistema y validar la desigualdad y el desamparo para las familias más vulnerables. No es la primera vez que lo intentan. Hace dos años, en mayo de 2024, circuló el borrador de un proyecto de decreto que apuntaba exactamente en ese sentido: destruir el nomenclador.
“Siempre tuvimos cuestiones desiguales. El nomenclador de alguna manera emparda esa desigualdad, compensa. El CUD (Certificado Único de Discapacidad) hace que se acceda, y el nomenclador hace que haya profesionales para esas terapias. Con el nomenclador mercantilizado –porque desregular es un término edulcorado para vender ajuste- lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado”, advirtió semanas atrás a Tiempo Argentino Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión. En su momento, la movilización frenó el avance de aquel decreto, cuyo mismo objetivo ahora avanza en forma de proyecto de ley.
Marchan por la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
“El proyecto contempla un reempadronamiento obligatorio para las personas que hoy reciben pensiones, bajo amenaza de suspensión en caso de no cumplir con nuevos requisitos. Asimismo, establece un endurecimiento de los criterios de acceso, una reducción de prestaciones y un refuerzo de los mecanismos de control sobre una población que ya se encuentra sometida a evaluaciones permanentes”, advirtió a su vez Guadalupe Bargiela, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA). “Los riesgos que enfrentamos no son abstractos. Implican la interrupción de tratamientos, la pérdida de ingresos esenciales y la dependencia de circuitos burocráticos que deshumanizan y dificultan el acceso a derechos fundamentales”, remarcó. Minutouno