¿Se puede defender el Atlántico Sur destruyendo la industria que lo hace posible?

¿Se puede defender el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, debilitar la industria para la defensa que construye los buques, plataformas flotantes y la logística necesaria para ejercer la soberanía sobre nuestro litoral fluvial y marítimo?
Acaba de ingresar al Congreso de la Nación un proyecto del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Al mismo tiempo, se publicó que la Armada Argentina licitará la compra de un buque logístico, nuevo o usado, con capacidad de navegación polar.
Esa licitación se impulsa ignorando el artículo 15 de la Ley de Industria Naval Nacional, que reserva para los astilleros nacionales las construcciones destinadas a los organismos del Estado. Sobre este buque polar existió un extenso debate en 2018, donde desde ATE Ensenada sostuvimos que el país tenía capacidad para construirlo. Finalmente, en 2019 se aprobó la alternativa de adquirir un proyecto básico de ingeniería en el exterior y construir el buque en la Argentina.
El proyecto de ley, bajo el título Consejo de Seguridad Nacional, dedica varios apartados a la coordinación de las distintas áreas de la defensa. A su vez, en el Título III regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, e incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las infraestructuras críticas.
Entonces cabe una pregunta inevitable: ¿los astilleros que construimos buques y plataformas flotantes para la defensa nacional no formamos parte de esa infraestructura crítica?
El contraste es evidente. Por un lado están las conferencias, los proyectos y las declaraciones; en definitiva, las palabras. Por el otro, los hechos: decisiones que, lejos de fortalecer la soberanía, avanzan sobre la destrucción de la industria naval nacional.
Ese contraste se refleja hoy en el Astillero Río Santiago. El PEN recortó los fondos y paralizó el contrato para construir un dique destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia. Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires financia un proyecto presentado por trabajadores y profesionales del Astillero para construir un dique propio, de las mismas características, que ya supera el 65% de avance. La capacidad existe. Lo que falta es la decisión política de utilizarla.
Las trabajadoras y los trabajadores del Astillero, en cada chapa que se corta, en cada bloque que se monta y en cada metro de soldadura, demostramos con hechos que defendemos la Soberanía Nacional. Y con esa misma convicción vamos a reclamar en las calles que los buques destinados a defender nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur se construyan en la Argentina.