El Senado reanudará este miércoles en comisión el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previo a la discusión del dictamen que se realizará la próxima semana en el cual se discutirán algunas modificaciones a esa iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo.

El proyecto que busca sancionar el Gobierno en la última semana de abril o primera de mayo tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, cambios en la ley de barrios populares, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del Manejo del Fuego.

Los aspectos que generan mas debates son los cambios que se quieren realizar en la ley el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y la eliminación de los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, que fueron cuestionados por algunos aliados.

La discusión se reanudará mañana a las 16 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Coto señaló que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo “responde a la agenda que los argentinos eligieron en las últimas elecciones, y que avanza en consolidar seguridad jurídica y reglas de juego claras”.

La discusión se reanudará mañana con la exposición de invitados que propuso el peronismo, entre los que figuran el constitucionalista Daniel Sabsay, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, la ex funcionaria del RENABAP, Fernanda Monticelli, y el vicerrector de la UBA y Ex decano de las Facultades de Arquitectura y Diseño de la UBA, Jaime Smith.

También concurrirán el director Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacetti, y el director Ejecutivo de Techo Argentina y ex presidente del Instituto de Vivienda de la CABA
Juan Ignacio Maqueyra.

La iniciativa se comenzó a debatir la semana pasada con la exposición del ex ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es una de las reformas centrales que impulsa el Gobierno y forma parte de las iniciativas que anunciadas por el presidente Javier Milei.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.

Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluyen las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.

TIERRAS

En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.

«Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos», señaló el Gobierno.

Destaca que «la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional»

MANEJO DEL FUEGO

El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. Y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.

Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida». N.A.